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Piden a NCDOL tomar “acción inmediata” para proteger a los trabajadores esenciales

Winston-Salem.- Luego de que el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, se echase atrás en su promesa de emitir una orden ejecutiva que protegiese a los trabajadores esenciales ante la pandemia del COVID-19, varias organizaciones estatales hicieron un llamado al Departamento de Trabajo de Carolina del Norte (NCDOL) a que tome “acción inmediata” para hacer cumplir las leyes de salud y seguridad en los campos de trabajo, las procesadoras de alimentos, así como en otros sectores de la indústria alimentaria.

La decisión de Cooper de cancelar la promesa que hizo, durante la Asamblea del Congreso de Organizaciones Latinas de Carolina del Norte en agosto, se debió al rechazo de los departamentos de Trabajo y Agricultura de “hacer cumplir este tipo de normas de seguridad”, de acuerdo con un comunicado emitido por Farmworker Advocacy Network (FAN), junto con otras organizaciones, hace unas semanas. El documento también señalaba que, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte, “tal orden impediría el progreso realizado entre las agencias y las empresas para asegurar la cooperación” para enfrentar la pandemia.

Las organizaciones de defensa de los derechos de los trabajadores agrícolas FAN, NC State AFL-CIO, NC Raise Up/Fight for $15, Rural Advancement Foundation International organizaron un encuentro virtual, el viernes 17 de septiembre, mediante el cual exigieron a la comisionada de trabajo, Cherie Berry, hacer uso de su poder para promulgar y hacer cumplir una norma de emergencia sobre enfermedades infecciosas, para mejorar las condiciones de trabajo y salvar las vidas de los trabajadores, sus familias y sus comunidades.

“Negarse a seguir adelante con una norma integral es un acto de negligencia grave que pone en riesgo innecesariamente la vida de los trabajadores y sus familias. La seguridad de los trabajadores debe ser la máxima prioridad del NCDOL en medio de esta devastadora pandemia mundial”, señalaron las organizaciones en un comunicado.

 

Denuncian condiciones de trabajo inseguras

Si bien el gobierno estatal ha delineado guías para trabajadores agrícolas migrantes, sus empleadores y proveedores de vivienda, en la búsqueda de evitar una mayor propagación del virus, estas no son de obligatorio cumplimiento. Tampoco la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA por sus siglas en inglés) ha elaborado un marco normativo.

básico que obligue al empleador a proteger a los trabajadores de enfermedades infecciosas. AFL-CIO demandó a OSHA en mayo sobre esta cuestión.

Ante la falta de regulaciones, más de seis meses después del inicio de la pandemia del coronavirus, muchos trabajadores del campo y de la industria de la alimentación siguen trabajando en condiciones inseguras para su salud y la de sus familias.

“Estos trabajadores, si bien se consideran esenciales, se han visto obligados a trabajar con demasiada frecuencia sin el equipo de protección personal adecuado, en condiciones de hacinamiento y con poca ventilación y sin controles de bienestar”, denunciaron las organizaciones.

Así lo confirmaba un trabajador agrícola con visa H2A. Procedente de México, este trabajador, cuya identidad quiso mantener en el anonimato, llegó a los campos de Carolina del Norte en abril y, durante su tiempo aquí, vio como muchos de sus compañeros enfermaron de COVID-19 y aún así siguieron trabajando por miedo a las represalias.

“Los compañeros se empezaron a enfermar, tenían síntomas y por miedo a que los retornarán a México, no dijeron nada”, explicó. “Habíamos escuchado que a algunos los ponían en cuarentena y no les estaban pagando las horas”, añadió.  

El trabajador denunció, durante la rueda de prensa, la falta de equipos de protección personal y el distanciamiento social.

“No nos dieron mascarillas ni ninguna protección en los trabajos. Tampoco había distanciamiento social” dijo. Además, según contó, vivían en grupos de 13 y 14 personas hacinados en casas móviles.  

“Nunca nos hicieron la prueba, ni fueron para ver cómo estábamos, cómo nos sentíamos o qué estábamos haciendo… Nos sentimos olvidados”, afirmó el trabajador.

 

Falta de liderazgo

“Carolina del norte ha priorizado las ganancias corporativas y las relaciones con la industria por encima de la salud de nuestros trabajadores de alimentos, sus familias y sus vecinos. Esto debe terminar”, dijo Víctor Canales-Gamino, Director de Jóvenes de SAF.

Además de pedir acción para proteger a los trabajadores agrícolas y de las procesadoras de alimentos, las organizaciones también denunciaron la falta de liderazgo por parte de las autoridades gubernamentales del estado.

“En tiempos de crisis necesitamos líderes y para ser un líder necesitas tener moral y si no la tienes no debes de ser un líder porque no estás sirviendo a la gente, porque no te importa la vida de la gente”, dijo el Reverendo Fred Clarkson de la Diócesis Episcopal de Carolina del Este.

“Necesitamos claridad porque no hay una división entre la economía y la vida de nuestra gente. Si una persona enferma, quiere decir que eventualmente todos nos vamos a enfermar. Tenemos que hacer cumplir las leyes y protecciones básicas para proteger la vida de la gente”, señaló el Reverendo.

 

Respuesta de la comisionada Berry

Desde la Oficina de la comisionada de trabajo, Cherie Berry, dijeron a Qué Pasa que “el NCDOL está trabajando junto con el DHHS y el Departamento de Agricultura para ayudar a garantizar que los empleadores y los empleados sigan las pautas de salud federales relacionadas con COVID-19”.

Además, funcionarios de la Oficina de la comisionada compartieron con Qué Pasa, en respuesta a las demandas de las organizaciones, la carta que Berry envió al gobernador Roy Cooper, a finales de agosto, sobre la orden ejecutiva.

En dicho documento, Berry se opone “a cualquier orden que agregue nuevos mandatos para los empleadores en la agricultura u otras industrias de procesamiento de alimentos”.

La comisionada también dijo que “la Orden Ejecutiva de Cooper, tal y como está redactada actualmente, representa una regulación excesiva de las industrias que ya se enfrentan a dificultades tremendas y que, en general, han demostrado su voluntad de cumplir voluntariamente con las directrices de los CDC para proteger a sus trabajadores”.

“Sobre todo, la Orden Ejecutiva parece extralimitarse en el poder del Gobernador al crear nuevos requisitos legales e insinuar que la NCDOL haga cumplir los estándares que exceden la autoridad existente”, escribió Berry.

 

 

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