Sao Paulo, 15 jul (EFE).- La minera brasileña Vale y el Ministerio Público (Fiscalía) del Trabajo llegaron este lunes a un acuerdo para indemnizar a los familiares de los trabajadores que murieron el pasado 25 de enero en un vertido de una de sus represas de residuos, que dejó al menos 248 muertos y 22 desaparecidos.
Cónyuges, hijos y padres de los trabajadores muertos recibirán, cada uno, 700.000 reales (unos 186.368 dólares) y una pensión mensual hasta los 75 años, según el acuerdo que fue homologado por el Quinto Juzgado del Trabajo en Betim, ciudad de la región metropolitana de Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais.
Del valor individual de indemnización, casi un 30 % corresponde al seguro de vida contratado por la empresa y se determinó también que los cónyuges e hijos menores de 25 años de edad tendrán asistencia médica particular pagada por la compañía.
Los hermanos de los trabajadores fallecidos, en tanto, recibirán 150.000 reales (unos 39.936 dólares) por daños morales.
Para los trabajadores sobrevivientes, en tanto, se estableció que tendrán garantía laboral por tres años, incluso los que prestaban servicios a través de terceras empresas.
Además se fijó para esos trabajadores un subsidio mensual de 920 reales (unos 244,9 dólares) para guardería de cada hijo menor de 3 años y otro de 998 reales (unos 265,7 dólares) para los que estudien hasta los 25 años.
Con el acuerdo se prevé la liberación total de 1.600 millones de reales (unos 425,9 millones de dólares).
El colapso en enero pasado de una de las represas de residuos de Vale en el municipio de Brumadinho dejó también cientos de hectáreas destruidas.
La semana pasada, el juez Elton Pupo Nogueira, titular del sexto juzgado de Hacienda Pública de Belo Horizonte, había determinado que la mayor productora y exportadora mundial de hierro debería pagar por todos los daños provocados por el vertido.
Nogueira mantuvo el último 9 de julio el embargo provisional en las cuentas bancarias de Vale de 11.000 millones de reales (unos 2.894,7 millones de dólares) que había sido ordenado por la Justicia desde enero para garantizar el pago de las indemnizaciones.