Río de Janeiro, 21 ago (EFE).- La polémica intervención de francotiradores de elite para acabar con la vida del secuestrador que sembró el pánico en un autobús el martes en Río de Janeiro ha abierto un debate sobre el combate a la criminalidad en Brasil, uno de los países más violentos del mundo.
Mientras los seguidores de una política de seguridad pública de "mano dura" aplaudieron la medida tomada por las autoridades para rescatar a los 37 rehenes, otros la han criticado fuertemente por considerar que con ese tipo de actuación se va a legitimar el abuso policial, que ya se viene denunciando en las comunidades más pobres de Río de Janeiro.
El secuestro ocurrió a primera hora del martes cuando Willian Augusto da Silva, un joven de 20 años con problemas de depresión, obligó al conductor a detener el autobús en medio del puente de 14 kilómetros que comunica a las ciudades de Niteroi y Río de Janeiro, bajo amenaza de incendiarlo con gasolina.
Tras casi cuatro horas de negociaciones, en las que se logró la liberación de seis rehenes, un francotirador del Batallón de Operaciones Especiales de la Policía Militar (Bope), el cuerpo policial de elite de Río de Janeiro, abatió al secuestrador con seis balazos para permitir el rescate del resto de las víctimas sanas y salvas.
El hecho fue destacado por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, un capitán de la reserva del Ejército, que avala la política de "mano dura" contra la delincuencia, y por el Gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, admirador del mandatario y quien celebró con expresivo entusiasmo la muerte del secuestrador.
Witzel, que asumió como gobernador el 1 de enero, ha legitimado públicamente la violencia policial contra delincuentes en las favelas y defiende que francotiradores de elite abatan a criminales que porten fusiles, una medida fuertemente criticada por defensores de derechos humanos y por la que fue denunciado ante la OEA por una comisión de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro.
Si bien los homicidios en Río de Janeiro han disminuido notoriamente en lo que va de este año, llegando al número más bajo para el período registrado desde 1991, la muerte de civiles a manos de la policía ha aumentado.
Según datos del Instituto de Seguridad Pública (ISP) en el primer semestre del año se registró una caída del 23 % en los homicidios, en el comparativo interanual, mientras que las muertes a manos de la policía aumentaron 15 % en relación con el mismo período de 2018.
Tan solo en el primer trimestre del año 434 civiles murieron en acciones policiales, un número 17,9 % superior al del mismo período de 2018.
La tendencia es que este número "suba hasta diciembre", según admitió este miércoles el jefe de la Policía Civil de Río de Janeiro, Marcus Vinícius Braga.
Para no ir tan lejos, hace apenas dos semanas, seis jóvenes entre los 16 y los 21 años murieron tiroteados en un intervalo de cinco días a causa de balas perdidas, mientras se desarrollaban operativos policiales en diferentes favelas de Río de Janeiro.
De acuerdo con los familiares de los fallecidos, ninguno de ellos tenía vínculos con la delincuencia.
Las muertes de los jóvenes generaron fuertes protestas en la "cidade maravilhosa" y pusieron en jaque al gobernador Witzel, criticado por su exacerbado uso de la contundencia policial para combatir la criminalidad.
Aunque las autoridades han justificado su accionar en la lucha contra la delincuencia, las comunidades señalan una serie de abusos que han sido denunciados en varias oportunidades por ONG y por la Defensoría Pública de Río de Janeiro.
El ingreso a las residencias sin la orden correspondiente, tiroteos desde helicópteros, la no identificación de los agentes de seguridad pública y la realización de operativos policiales en horarios de entrada y salida de las escuelas, son algunas de las quejas más recurrentes de los habitantes de estas comunidades.
La organización no gubernamental "Redes da Maré", un complejo de favelas del norte de Río donde impera la violencia por el control del narcotráfico, es una de las que más ha levantado la voz contra el abuso policial.
En el primer semestre de este año el número de muertos en operaciones policiales en el complejo subió a 27, prácticamente el doble de 2018 cuando 14 personas perdieron la vida en este tipo de acciones.
Aunque el Congreso los ha logrado frenar por lo menos momentáneamente, los decretos con los que el presidente Bolsonaro busca flexibilizar la posesión y el porte de armas en Brasil, una de sus promesas de campaña para ejercer el derecho "a la autodefensa", el ultraderechista no cesa en su intención de armar al gigante sudamericano.
Además de proponer otras tres medidas que se ajusten las exigencias del Congreso, el mandatario anunció a comienzos de mes que enviará un proyecto de ley para que la Policía pueda usar armas de fuego en las operaciones sin ser procesada.
María Angélica Troncoso